La ley de transparencia que promueve el gobierno no responde a las necesarios cambios que debemos abordar con la ciudadanía para restablecer la confianza. Sin verdadera transparencia, no habrá confianza. Ni reconoce el acceso a la información pública como derecho fundamental, ni apuesta por los datos abiertos.
Debemos combatir la crisis de confianza en la política. Para ello, se deben impulsar cambios en el sistema político, que permitan un nuevo pacto con la ciudadanía, un segundo periodo constitucional, que revise ley electoral, de partidos, reglamentos de las instituciones y sin duda este paquete debe incluir nuevas demandas y oportunidades del gobierno abierto y una ley de transparencia.
La Ley de transparencia aprobada por el gobierno es poco ambiciosa, se trata de una ley antigua, desfasada y no recoge requisitos que recomiendan los estándares internacionales. Estamos a la cola porque no tenemos ley de transparencia y con esta ley seguiremos estando a la cola. No responde ni a los retos de un país moderno, ni a las demandas ciudadanas.
La propuesta tiene un problema de fondo. No reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, que debe vincularse a la libertad de expresión, como en otros cuerpos jurídico, y por tanto al artículo 20 de la constitución. Esta sí sería una verdadera apuesta por el gobierno abierto, apostando por la transparencia y por el reto que la ciudadanía pueda informase, participar y exigir una rendición de cuentas.
La ley tampoco apuesta por los datos abiertos (“open data”), ya que no especifica el formato en que se subministrará la información. Debería apostar por ofrecer información exenta de copyright, para facilitar su reutilización. La apuesta por el open data supone una oportunidad ciudadana y económica que deja perder la ley.
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