Hace falta una reforma institucional a fondo por reconnectar las instituciones democráticas con la ciudadanía. Una reforma que se pide y que se puede vehicular a través de una reforma constitucional, tal como pide un sector de la población, o mediante reformas que afecten a la médula del sistema democrático y de participación. Habría que modificar la ley de partidos, la ley electoral, la ley de transparencia y del funcionamiento de algunos órganos como el del Tribunal de Cuentas.
Justo es decir que es mucho más práctico, efectivo y rápido hacer un paquete de reformas legislativas a pesar de que conceptualmente es más profundo un cambio constitucional. La Constitución es el marco de referencia, pero sin cambiar leyes y actitudes no reformaremos el sistema. Por ejemplo, la Constitución reconoce la igualdad de las mujeres, pero es la ley de igualdad (2007) la que hace efectivo este derecho. Los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los partidos, de las instituciones, o la soberanía popular ya está recogida por la Carta Magna.
Más allá, pero se tienen que cambiar las actitudes y hacer leyes más garantistes.
En cuanto a las actitudes, tenemos que hacer el esfuerzo de adaptación a las nuevas demandas sociales. El mundo ha cambiado, tiene más canales y acceso directo a la gestión y a la información. Los intermediarios como los partidos se ponen en entredicho. La sociedad exige más implicación, más protagonismo, no sólo depositar el voto a la urna una vez cada cuatro años. Estas peticiones que se agravan por la crisis y por la batería de los casos de corrupción vienen de más lejos. Es un rumor de fondo que las corrientes lo han convertido en una tormenta. El descrédito común de la política institucional y tradicional, tal como apunta Joan Subirats, no es sólo por la coyuntura de los casos de corrupción.
Tenemos que tener leyes más garantistas. Hay otros países de nuestro entorno con normas más clarificadoras, con poco espacio a la interpretación y a la ambigüedad, más transparentes y más claras. Por ejemplo, la ley alemana de partidos o la ley de transparencia de los EE.UU. Está claro que esto no evitará el 100% de posibles casos de corrupción, pero permitirá a cada ciudadano acceder a estos datos. A la vez, facilita ejercer el control y da a la ciudadanía más poder de información.
Porque el descrédito de la política está pasando por encima de las realidades de la mayoría de gente que nos dedicamos a la política. Muchas personas que cada día se dejan la piel y las horas. Sacrifican el tiempo que podían pasar con sus familias porque tienen vocación por el bien común y que cada vez que hay un episodio de corrupción sufren la opción de unos pocos que ensucian el trabajo —a menudo anónimo— de muchos.
Es necesaria una reacción de cambio desde la misma política. Cualquier postura que pueda ser percibida por la gente como atrincheramiento es leída en clave de inmovilismo y hará todavía más daño a un sistema político actualmente cuestionado. Hace falta que los y las socialistas ofrezcamos una propuesta clara que recoja una serie de reformas institucionales para profundizar en la democracia y la transparencia. Continúo convencida de que son viejas actitudes políticas que incrementan la desconfianza en el sistema político.
En los últimos años hay un interés creciente por la política. Este crecimiento coincide con la desconfianza en los partidos. Sí que hay gente interesada en la política, colectivos como el #15M, la Plataforma de afectados por la hipoteca, los movimientos que defienden la sanidad, las plataformas vecinales son movimientos políticos muy importantes. Pero hay que ir con mucho cuidado con los movimientos negacionistas con la política, porque cuando se niega la política, se niega la democracia. No se trata de negar los partidos, se puede (y se ha) de criticar y enmendar la tarea de los partidos políticos. Pero no se puede negar la existencia de los partidos; sin ellos no habría democracia.
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